JUZGADOS FALLAN EN CONTRA DEL SUPREMO Y DEVULEVEN LA TOTALIDAD DEL IMPUESTO AJD

Hace unas semanas supimos a través de la nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo, que en la reunión del Pleno, con 15 votos a favor y 13 en contra, es el cliente quien debe pagar el impuesto AJD.

La sentencia ha sido publicada hace escasos días, junto con los votos particulares, de los magistrados que votaron en contra y está pendiente de su estudio en profundidad.

Esta noticia, debido a la marcha atrás que dio la Sala Tercera del Tribunal Supremo en este asunto del impuesto, en la que semanas antes dictaba que era el banco quién debía hacerse cargo, provocó por parte del Gobierno la publicación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En él, se establece que a partir de ahora, será el banco quién pague dicho impuesto, pero no tendrá aplicación retroactiva, es decir, no se aplicará a hipotecas posteriores.

A pesar de esta situación, dos juzgados se han pronunciado en contra de lo que dice dicha sentencia del Tribunal Supremo, estableciendo la devolución total del impuesto AJD:

En primer lugar fue el Juzgado de Primera Instancia 18 bis de Málaga, que establece la devolución íntegra de la factura de notario, registro de la propiedad, gestoría e impuesto AJD. Más tarde se ha sumado el Juzgado de Primera Instancia 25 bis de Valencia, con el mismo resultado, argumentando ambas sentencia lo establecido en un primer momento por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sus sentencias de 16, 22 y 23 octubre de 2018, mediante las que anulaban el art. 68.2 del Reglamento del Impuesto y entendiendo que la publicación del Real Decreto debería esclarecer todo tipo de dudas mediante una aplicación tácita de la retroactividad, en tanto la voluntad del legislador es que sea el Banco quién cargue con este impuesto.

El Tribunal Supremo fija jurisprudencia con sus tres últimas sentencias a la espera de que el Pleno ratifique.

El pasado 18 de octubre se dio a conocer que el Tribunal Supremo se contradecía a su jurisprudencia dictada hasta el momento y  dictaba que eran los bancos quienes debían cargar con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y no los clientes como hasta ahora.

El nuevo criterio sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas fijado por el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia una vez que hay no una sino tres sentencias en el idéntico sentido

“Ya hay tres sentencias que determinan el nuevo criterio de que son los bancos los que deben asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados”.

Tan sólo un día después de la primera sentencia, el presidente de la Sala de lo Contencioso -que no formó parte del tribunal que dictó la sentencia-  Luis María Díez-Picazo, comunicó la convocatoria del Pleno para el próximo 5 de noviembre de 2018 paralizando todos los procedimientos al respecto, hecho que se entendió desde algunos sectores como un intento de que el Pleno de marcha atrás.

Sin embargo, fuentes del alto tribunal recuerdan que en esta convocatoria de todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso no tiene porqué cambiar el criterio establecido sino que se podrían determinar las condiciones de su cumplimiento, es decir a quién se debe aplicar, en qué condiciones y a partir de cuándo.

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En este momento con la existencia de tres sentencias de idéntico sentido y resolución, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal ha fijado su doctrina al respecto del pago de este impuesto, es decir: ya ha establecido jurisprudencia de cómo debe interpretarse el Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, concretamente con la anulación de su artículo 68 que fijaba en el cliente el pago del impuesto.

La dudas generadas se hayan en sopesar si el Pleno tiene capacidad para modificar con una doctrina el sentido de las sentencias ya fijadas por el Tribunal Supremo. Lo que defienden las fuentes del alto tribunal ya que, en la propia nota informativa emitida por el Tribunal Supremo establecen que el fallo concreto ya fijado no puede ser modificado. Lo que sí puede hacer el Pleno es estudiar otros recursos que estén pendientes y determinar si efectivamente la jurisprudencia de la Sala debe fijar doctrina.

Así, en la reunión prevista para el próximo 5 de noviembre, el Pleno puede mantener la tesis pero fijar las condiciones de su cumplimiento, como por ejemplo por lo que hace a la retroactividad. Es decir, si la nueva doctrina se aplicará sólo a partir de ahora o si por el contrario se debe aplicar a todos aquellos clientes que lo han pagado indebidamente debiendo, en este caso, de determinar hasta qué años se pueden reclamar.

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya determinó que Hacienda debería devolver el dinero a todos aquellos que hayan formalizado un préstamo hipotecario en los últimos cuatro años, los ejercicios no prescritos fiscalmente, y hacerlo sin obligar a que éstos pleiteen.

Otro punto que debe determinar el Pleno y que no ha sido fijado por ninguna de las tres sentencias sobre este asunto es si los bancos también tendrán que asumir la devolución de los intereses de demora derivados de los ingresos indebidos.

Quedamos a la espera de la reunión del Pleno para obtener conclusiones.

Fuente: www.lavanguardia.com

 

Nuevo Revés a la Banca: La Sala Tercera del Tribunal Supremo Rectifica y Declara Que es el banco Quien Debe Cargar con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Desde que el Tribunal Supremo declaró, en su Sentencia de 23 de diciembre de 2015, la nulidad de la clausula que traslada todos los gastos hipotecarios al prestatario,  es sabido que se produjo un aluvión de demandas de consumidores reclamando la nulidad de dicha clausula, entre otras que también son abusivas, así como la devolución de las partidas pagadas indebidamente en virtud de la misma. Esto es: la factura de Notario, Gestoría, registro de la propiedad y la carta de pago del impuesto de actos jurídicos documentados.gastos_hipoteca

Respecto de esta última partida, en tanto al pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, alude a quién tiene la condición de sujeto pasivo y establece que de los artículos 8, 15.1 y 27.1 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados lo será quien a cuyo favor se inscriba el derecho real (de hipoteca) y especifica por ello que “La entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudiera devengarse con motivo de la operación mercantil en lo que se refiere dentro de este tributo a la constitución del derecho”, sin especificar más  respecto el resto de partidas ni su distribución.

Por el contrario, la Sala Tercera no lo entendía así hasta ahora pues desde su sentencia de 19 de noviembre de 2001 y las que siguen se basaban en lo  en el artículo 68 del Reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en el que en su apartado segundo se establece con rotundidad que es el prestatario quien debe hacerse cargo de dicho impuesto.

Mediante sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, de 15 de marzo de 2018, rompió con estas discrepancias entre salas y declaró la nulidad de la clausula, pero sin que la cantidad más elevada del impuesto (la parte variable) recaiga sobre el prestamista, siendo pues el prestatario quien deba hacerse cargo.

Sin embargo, a 16 de octubre de 2018, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse, declarando la Nulidad del apartado segundo del artículo 68 del Real Decreto, por ser contrario a lo establecido en la ley, en los artículos anteriormente mencionados, lo que especifica que supone modificar su doctrina jurisprudencial anterior.

Aunque aun cabe ver la aplicación de dicha sentencia y sus posibles efectos retroactivos, cabe tener prudencia en tanto a la existencia de una sentencia del pleno.

A pesar de ello, supone un cambio del paradigma, puesto que si se anula dicho artículo por ser contrario a la ley, habrá que acudir a lo establecido en los artículos 8 y siguientes de la Ley, en tanto se menciona que será sujeto pasivo quien a cuyo favor recaiga el derecho real. En este caso, deja clara la reciente sentencia que recae sobre el Banco, pues a cuyo favor se inscribe el derecho real de Hipoteca, para que pueda ejecutar, siendo el préstamo en si un acto no inscribible.

Esto supone que todas aquellas personas que no tenían pensado reclamar por la baja cuantía se replanteen la situación puesto que el impuesto es la partida con un valor más elevado, que suele oscilar entre los 1.000 y 4.000€ dependiendo de la comunidad y valor de la vivienda.

Las Audiencias Provinciales dan luz verde a la nulidad de las comisiones de apertura

Las comisiones de apertura se han convertido en otro escenario judicial para consumidores y entidades bancarias.

Se trata de una comisión que establece la entidad bancaria al inicio, como primer movimiento, y que suele oscilar entre el 0,5 y el 2% del préstamo hipotecario, sin que responda a ninguna gestión ni servicio adicional del Banco.

En esta ocasión, tras otros pronunciamientos anteriores como la de la Audiencia de Tenerife o la de Oviedo, ha sido la Audiencia Provincial de Murcia  la que acaba de ratificar que la comisión de apertura de un préstamo hipotecario abierto hace años a un matrimonio es nula.

Al final este matrimonio “va a recuperar sobre los 6.500 euros, como total, la comisión de apertura de 540 euros mas los interés, lo que ronda los 800 euros”.

Saving money concept

Respecto a la comisión de apertura fueron dos las alegaciones de la entidad bancaria:

  • Que la comisión de apertura no es nula, por responder a un servicio prestado, que es necesario para la concesión del préstamo.
  • Que, en cualquier caso, aún declarándose la nulidad de la misma, no correspondía el reintegro de intereses desde la fecha de pago de la comisión sino desde la fecha de interposición de la demanda.

Sin embargo, la Audiencia Provincia de Murcia (sección 4ª que es la competente para esta materia) en Sentencia nº 523/2018, de 26 de julio de 2018, rollo de apelación 614/2018, ponente Juan Martínez Pérez, resolvía el recurso confirmando la nulidad de la misma, así como que debe ser reintegrado al consumidor su importe, con los intereses desde que se abonó (noviembre de 2002 en este caso concreto).

Desde BBS ABOGADOS animamos, tras estudiar rigurosamente la jurisprudencia actual, a reclamar la comisión de apertura junto con los gastos hipotecarios.

 

Fuente: https://confilegal.com

Otro juzgado que, en contra del Tribunal Supremo, concede la devolución del 50% del Impuesto AJD.

Como es sabido,  el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 15 de marzo de 2018, en la que confirmaba la declaración de nulidad de la clausula que traslada todos los gastos al consumidor, matizaba que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) correspondía al consumidor, por lo que no declaraba su devolución.

Se trata de un hecho singular, puesto que en 2015 se establecía la nulidad de clausula sin entrar más a fondo en el asunto, puesto que la consecuencia directa de la nulidad es la devolución de cantidades de las partidas abonadas en virtud de dicha clausula, a saber: la factura de notario, la factura del registro de la propiedad, la factura de la gestoria y la liquidación del impuesto AJD.

Sin embargo, el Tribunal Supremo estableció en su ultima sentencia que no debía de producirse la devolución del Impuesto (en lo que respecta a la cantidad variable del Impuesto, la cual corresponde al casi al 99% de su  importe total), hecho que ha ocasionado que los Juzgados acaten dicha doctrina y declaren la nulidad de la clausula y la devolución de dichas partidas excepto la devolución del Impuesto AJD.

A pesar de ello, se ha dictado nuevamente sentencia que concede la devolución de dicho Impuesto en contra de la doctrina del Tribunal Supremo, aunque sea en mitad.

Man making his next move

Se trata de la sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia nº 2 de Barbate, en la que se condena a Banco Sabadell (antiguo Banco Atlántico), no solo a la nulidad de la cláusula suelo e interés de demora, sino también de la clausula de gastos hipotecarios, así como la devolución de las partidas mencionadas, considerando que es el Banco y no el cliente quién debe cargar con el Impuesto.

Así, en dicha sentencia se hila más fino, al establecer que “la parte correspondiente al timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en que se redacta las copias autorizadas habrá que considerar sujeto pasivo al Banco”.

A pesar de que hay que seguir tomando con precaución dichas sentencias, desde BBS ABOGADOS celebramos este hito a la defensa de los consumidores.

 

Fuente: https://andaluciainformacion.es

Los Juzgados anulan la comisión de apertura junto con los gastos hipotecarios.

Son muchos los afectados que se han echado atrás en la reclamación de los gastos hipotecarios tras la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 en la que se establecía la no devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Hay que decir que esta sentencia, igual que su anterior Sentencia de 23 de diciembre de 2015, establece la NULIDAD DE LA CLAUSULA DE GASTOS HIPOTECARIOS, es decir, que se estiman las demandas presentadas en ese sentido ya que los Juzgados establecen la nulidad de la clausula. Por lo que hace al importe de la devolución, dependen de cada Juez, ya que, a pesar de ser contrario a los efectos de la nulidad en tanto a la doctrina del Tribunal Supremo, algunos modulan el efecto, estableciendo el reparto en mitad de alguna cuantía, como la factura del notario.

A pesar de ello, lo cual puede aminorar la cuantía a devolver por el banco debemos tener en cuenta la nueva clausula a reclamar junto con los gastos hipotecarios: LA COMISIÓN DE APERTURA.

 

Con carácter general,  se considera «nulas, por abusivas, si no se prueba su negociación individual, las comisiones de apertura, subrogación, novación, reclamación de posiciones deudoras u otras que no respondan a un servicio extra o adicional solicitado por el cliente».

 

La comisión de apertura representa entre un 1% y un 2,5% del capital del préstamo, es decir, que se trata de una cuantía elevada que hace que, junto con los gastos, la interposición de demanda sea beneficiosa para el consumidor. Sin contar que en caso de que la demanda se estime íntegramente cabe condena en costas a la entidad bancaria.

Así, muchos Juzgados especializados han unificado criterio para declarar su nulidad y devolución, junto con la pertinente de los gastos hipotecarios, por lo que  HACE QUE LA CUANTÍA A RECLAMAR SEA MÁS ELEVADA Y MEREZCA LA PENA DEMANDAR.

Para poder reclamar, únicamente se necesita la acreditación de su pago:

  • En tanto a los gastos hipotecarios, las facturas de Notaria, Registro de la Propiedad y Gestoría.
  • En tanto a la comisión de apertura, únicamente el justificante de pago de la entidad o un extracto de los movimientos que demuestre que ha sido efectivamente abonado.

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Pues establecen los Juzgados especializados que: No podrá dejarse la fijación del importe a la fase de ejecución de sentencia, «pues su determinación no depende de aplicación de cálculos», sino que debe figurar en la demanda, conforme al artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los magistrados, que tienen sobre su mesa miles de expedientes de reclamación de cantidades, actuarán así en favor de los particulares, pues según explican fuentes judiciales a modo de ejemplo, muchos clientes con hipotecas de una cuantía frecuente se vieron obligados a pagar entre 1.000 y 2.000 euros solo por haber contratado el crédito.

Ya en abril de 2017, el Juzgado de Primera Instancia 5 de Cartagena dictó una resolución en la que concluyó que el banco no alegó que la comisión de apertura se debiera a gestiones concretas y reales, y cuál fue su coste. «No se ha acreditado actividad de estudio alguno por la entidad de crédito, por lo que debe declararse la nulidad de la cláusula por abusiva, según el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios», señaló el juez en su sentencia.

 

DESDE BBS ABOGADOS, ANIMAMOS A TODOS LOS CONSUMIDORES A REVISAR LAS CLAUSULAS ABUSIVAS DE SUS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS E INTERPONER LA CORRESPONDIENTE DEMANDA, DADA LA JURISPRUDENCIA ACTUAL.

CONTACTE CON NOSOTROS A TRAVÉS DE bbsabogados@bbsabogados.com o TELÉFONO 937.605.377.

 

Fuente: https://www.laverdad.es/

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, obligado a devolver 11.400.-€ por la NULIDAD de la plusvalía.

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Actualmente no estás obligado al pago de la denominada plusvalía municipal aunque te reclamen el pago. Para remarcar este hecho recuperamos una sentencia de principios de este 2018, en la que se plasma claramente el alcance de la inconstitucionalidad del sistema del cálculo de la plusvalía.

Un Juzgado Contencioso Administrativo de las PALMAS DE GRAN CANARIAS, anula las liquidaciones de la plusvalía realizadas en concepto de herencia, obligando al Ayuntamiento a devolver el importe íntegro cobrado 11.344,23.-€.

Uno de los fragmentos más relevantes de la sentencia es el que mostramos a continuación:

“CUARTO.- En el presente caso, nos hallamos ante la impugnación de diversas liquidaciones del IIVTNU giradas a la recurrente como consecuencia de la adquisición, por sucesión mortis causa, de varios inmuebles sitos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, en relación con las mismas, considera esta juzgadora que la única solución respetuosa con la Sentencia 59/2017. de 11 de mayo de 2017 . Del Pleno del Tribunal Constitucional es la anulación de todas ellas por las siguientes razones:

En primer lugar, porque no nos encontramos realmente ante un fallo interpretativo, pues la sentencia del Tribunal Constitucional no señala que los preceptos son constitucionales si se interpretan de tal o cual modo, sino que aquella directamente los ha expulsado del ordenamiento jurídico ex origine.

En segundo lugar, porque, eliminados los artículos 107.1 y 107.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo . por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ha desaparecido la definición de la base imponible del tributo y la posibilidad de cálculo del valor del terreno en el momento del devengo.”

Como podemos comprobar, en la actualidad la plusvalía no debe liquidarse, sin embargo la estrategia procesal pasa por pagarla y presentar la consecuente reclamación para su devolución.

 

Puede que no estés obligado a liquidar la Plusvalía

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Muchas veces por desconocimiento no acabamos defendiendo nuestros intereses. Partiendo de esta premisa, resultaba esperanzador pensar que la propia administración (Ayuntamientos beneficiaros del cobro del impuesto de la plusvalía) informara que no todos los sujetos que en la actualidad continúan liquidando dicho impuesto, están obligados a ello.

Tras la declaración de inconstitucionalidad (en el 2017) sobre el articulado que regulaba el cálculo de dicho impuesto, los Ayuntamientos u órganos recaudadores de dicho impuesto, no tan solo han continuando liquidando éste, sino que ni tan siquiera informar de este hecho.

No podemos obviar que junto con el IBI, el cobro de la plusvalía adquiere gran importancia en cuanto a recaudación por parte de los Ayuntamientos. Quizás este hecho ha provocado que desde los propios Ayuntamientos “renieguen” del alcance de la declaración de inconstitucional sobre la regulación de la plusvalía o “desconozcan” los efectos de dicha declaración. Alcance y efectos que ya han sido remarcados por el propio Tribunal Supremo, declarando que el artículo declarado inconstitucional debe declararse nulo y ser expulsado del ordenamiento jurídico.

Numerosos periódicos digitales, se han hecho eco de dicha situación.

¿EN QUÉ SITUACIÓN NOS ENCONTRAMOS?

Como ya habíamos comentado en anteriores entradas de este blog, en la actualidad nos encontramos ante dos situaciones:

  • Plusvalías liquidadas con devalúa: Se deben devolver el importe íntegro de todas las liquidaciones practicadas que no sean firmes.
  • Plusvalías liquidadas con devalúa o sin: Esta situación se traduce en que cualquier liquidación de la plusvalía no debería liquidarse hasta que el gobierno no apruebe una nueva regulación (cuyo anteproyecto ya está en marca).

Reclamar es la única solución para conseguir la devolución de lo pagado por el citado impuesto cuando corresponda.

 

Un Juzgado de Igualada da luz verde en recuperar el impuesto AJD en la reclamación de gastos hipotecarios

El Juez de Primera Instancia 1 de Igualada ha dictado sentencia declarando la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado, intereses y gastos en una hipoteca suscrita con BBVA, condenando a la Entidad a devolver TODOS los gastos hipotecarios, incluido el Impuesto AJD.

Lo interesante es la interpretación que hace el juez respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 15 de marzo de 2018 en la que se dictaminaba que era el prestatario quién debía pagar el Impuesto AJD:

En su opinión la cuestión no es si el cliente es o no sujeto pasivo del Impuesto, es decir, si es o no el obligado a pagarlo, sino en ver si esa cláusula donde se le impone el pago del Impuesto y demás gastos es o no abusiva, y en caso de serlo, cuáles serían las consecuencias de dicha nulidad.

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“El Juez de Primera Instancia de Igualada considera que en realidad no se está hablando de quién es el sujeto pasivo del impuesto, sino que lo determinante es saber si la cláusula es o no abusiva, y si lo es, cuáles serán las consecuencias.”

 

Así, en la interpretación de dicho Juzgado, considera que la imposición de los gastos -incluyendo el pago del tributo- tiene carácter abusivo, y por tanto la cláusula debía declararse nula.

Por tanto, en aplicación de lo establecido en el art. 1.303 del Código Civil: “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses (…)”, así como las consecuencias que el TJUE ha anudado a la declaración de nulidad  en la sentencia de 21 de diciembre de 2016, supone que la cláusula controvertida desaparece del contrato, se tiene por “no puesta” y es expulsada del mismo. En la práctica, esto significa que la cláusula no existe, por lo que hay que restituir al consumidor en la situación inmediatamente anterior a su firma, devolviendo todos los gastos abonados.

En consecuencia, el consumidor recuperará 5.534 euros, de los cuales, 4.632,86 corresponden al impuesto sobre actos jurídicos documentados, un 80% del total, 180,53 al registro de la propiedad y 721 a notaría.

Además, el juez anula la cláusula relativa al interés de demora y a vencimiento anticipado y condena al BBVA a pagar las costas del proceso

A pesar de que la sentencia no es firme, nos da esperanzas para seguir con esta batalla contra los bancos.

 

Si desea información sobre la reclamación de los gastos de constitución de hipoteca contacte con nuestro despacho y estudiaremos su caso.